Está en curso un operativo para encubrir a responsables empresariales, políticos y estatales de las muertes por fentanilo contaminado. Los estudios que realiza el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de determinar la vinculación entre el suministro del fármaco adulterado y el fallecimiento de las personas, están paralizados porque clínicas y hospitales no envían la información necesaria. El fentanilo gate puso de manifiesto el carácter socialmente regresivo de la privatización del sistema sanitario.
Los estudios que se pusieron en pausa corresponden a la internación de pacientes en 24 centros asistenciales de 6 jurisdicciones del país. Mediante este procedimiento se había detectado un efecto “concausal” entre el fentanilo y la muerte en al menos 12 casos. El Estado nacional o los estados provinciales deberían intervenir de inmediato esas instituciones para obtener la información necesaria y garantizar el desarrollo de la investigación. Todavía quedan 77 historias de fallecidos por evaluar y se sospecha que otros 30 pacientes han sido afectados por el fentanilo trucho.
Esto es otra consecuencia de la privatización del sistema de salud, que no solo restringe el acceso a la atención médica sino que obstaculiza la investigación de semejante catástrofe sanitaria; ni hablar de prevenirla. Las familias de las víctimas han llegado a denunciar que las clínicas les ocultaron información, pero el Estado deja el registro de lo sucedido a la voluntad de estas. Hasta el momento fue detenido Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, fabricantes del fentanilo contaminado; en el segundo acaban de encontrarse montañas de restos de fármacos.
Además, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secuestro del celular de Nélida Agustina Bisio, titular de la Anmat; una medida que incluyó allanamientos en domicilios de funcionarios, en las sedes centrales de la Anmat y en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname, entidad que forma parte de la Anmat). El ministro de Salud enemigo de los trabajadores del Garrahan, Mario Lugones, salió inmediatamente a respaldar a Bisio. También se ha puesto la lupa sobre Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Iname, señalada por ocultar información sobre las irregularidades de los laboratorios mencionados.
El Estado garantiza los negocios de las clínicas y los laboratorios que lucran con la salud del pueblo, muchas veces produciendo tragedias como esta. HLB Pharma creció gracias a los contratos estatales. “Su historial con la Anmat era un manual de irregularidades: partidas de propofol retiradas por sospechas de falsificación, dopamina sin trazabilidad, diclofenac y morfina contaminados. El organismo sanitario lo había sancionado más de una vez, pero nunca llegó a cerrarle las puertas del todo” (Noticias Perfil, 28/8). ¿Por qué nunca se avanzó contra el emporio de Furfaro? Porque tejió vínculos con todos los partidos capitalistas, que de alguna u otra forma lo blindaron defendiendo sus ganancias.
Asimismo, Anmat había detectado en diciembre de 2024 fallas en el Laboratorio Ramallo, que comprometían tanto la calidad como la seguridad de los medicamentos. Pero el gobierno de Milei no tomó cartas en el asunto. Había que garantizar el negocio a como diere lugar. Y todavía resta saber qué magnitud terminará por adquirir la tragedia, pues según el Malbrán circularon más de 33 mil ampollas antes de ser retiradas. Además, una parte del fentanilo contaminado ingresó en el circuito narco, según la fiscalía.
El gobierno libertario, a la par que garantiza los negocios de la salud privada y se apresta a acrecentarlos, desarrolla una política de ajuste contra la salud pública, como se ve en la situación dramática en la que está el Hospital Garrahan, cuyos trabajadores están en pie de lucha contra la ofensiva gubernamental. Este miércoles 17, una gigantesca movilización en Congreso conquistó el rechazo al veto del gobierno sobre la Ley de Pediatría y sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora resta conseguir lo mismo en el Senado y pelear por la aplicación de las leyes.
Ayer, además, se votó en el Parlamento la creación de una comisión para investigar el caso. Para evitar una profundización del encubrimiento, debe constituirse más bien una comisión independiente con representación de los familiares de víctimas y de los trabajadores de la salud y los laboratorios, que no esté atada a los intereses sociales de las empresas. Una investigación a fondo destaparía los chanchullos criminales del régimen capitalista.
Luchar por un sistema sanitario público nacional y por una producción de medicamentos bajo control de los trabajadores es más necesario que nunca. Eso implica ir hacia un choque de fondo contra los capitalistas y su gobierno.
Nazareno Suozzi
