La masacre perpetrada por la Policía Militar y Civil en dos favelas de la ciudad de Río de Janeiro ha hecho ingresar la agenda del combate al “narcoterrorismo” al estado brasileño. Esta definición convierte al negocio del tráfico de drogas en una cuestión de seguridad nacional. Bajo esta rúbrica, Donald Trump se apresta a ordenar el bombardeo de instalaciones militares en Venezuela. Anteriormente, se había adjudicado el derecho de atacar militarmente a los cárteles que operan en México dentro del territorio de ese país. La amenaza se ha extendido a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, ha sido calificado de narcoterrorista y sancionado con la prohibición del uso de medios de pago en dólares a nivel internacional. A partir del asalto, el miércoles pasado, a las favelas Alemão y Penha, Brasil, el principal país de América Latina, ha entrado en ese circuito ‘geopolítico’. El saldo fue de más de sesenta personas asesinadas (algunas decapitadas), luego de su detención. Los muertos en esta operación superan las 120 personas. El terrorismo de estado se ha hecho cargo del ‘combate’ contra el narcoterrorismo. La Defensoría de Río de Janeiro ha reclamado que se le entreguen las cámaras de la zona y denuncia el retiro de los cadáveres del lugar, para alterar las pericias, cuyo volumen sería muy alto.
El asalto a las dos comunidades fue planificado, según informaciones de La Nación, desde hace un año. El Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas fueron mantenidos al margen de esta operación para evitar que intervinieran para bloquearla. Esto convierte al operativo en una acción paraestatal y paramilitar ejercida por un estado de la Federación brasileña. Se utilizaron las fuerzas del estado carioca, bajo la dirección del gobernador bolsonarista Claudio Castro. El Comando Vermelho, objetivo de la operación, obtuvo el conocimiento de lo que se venía con cuatro días de anticipación, un “vazamento” de acuerdo a la Folha de São Paulo, efectuado por narcos infiltrados en las organizaciones policiales. El objetivo oficial del asalto, declarado después de la masacre, era la captura de Edgardo Alves de Andrade, el “Doca”, el jefe en libertad del CV. Todo indica que la versión es parte de una operación de desinformación para justificar el propósito del asalto –una acción terrorista de estado-. El “Doca” logró, sin embargo, fugarse, no sin haber dejado preparada una resistencia, que incluyó ataques con drones desde el aire. Luego de los hechos, el Tribunal Superior Electoral ha reabierto una causa de 2022 por “abuso de poder” contra el gobernador Castro. De ser condenado, deberían convocarse a nuevas elecciones en el estado de Río de Janeiro.
El sigilo de la operación, con el propósito expreso de apartar al presidente Lula y al estado nacional, no impidió, según los medios periodísticos, que llegara al conocimiento de las fuerzas de Seguridad nacionales, que no la compartieron con las autoridades políticas correspondientes. El sigilo había penetrado en los escalones más altos. Claudio Castro y los gobernadores filobolsonaristas cuestionan como insuficiente la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) enviada por Lula al Congreso, acerca de la Seguridad Nacional, en cuanto a establecer un estado policial. Lo acusan de responsable del aumento de la llamada seguridad pública. Después de la masacre han formado un “Consorcio de la Paz”, que plantea “(que) los estados actúen conjuntamente, con sede en Rio, para compartir información, equipo y tropas, así como reunir todos los recursos necesarios, incluso armar a la policía de tránsito –algo que está expresamente prohibido-. El “Consorcio” agrupa a los gobernadores de los estados de Río, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul y el Distrito Federal. Se trata de una clara fractura del estado federal y una suerte de ‘doble poder’ entre los gobernadores, de un lado, y el Poder Ejecutivo y, hasta cierto punto, el Congreso nacional, por el otro. Quienes no ven en este operativo la mano del ‘trumpismo’, señalan que tiene lugar cuando Lula y Trump arriban a un acuerdo arancelario y el Senado norteamericano vota la derogación de los aumentos de aranceles contra Brasil establecidos por decreto por Trump. No ven, sin embargo, una ‘conspiración’ internacional cuando todo el ataque a la favelas ha tenido el carácter de una conspiración política abierta. Un ‘apaciguamiento’ en el frente del comercio exterior podría responder a la intención de dejar las manos más libres para los gobernadores golpistas y, también, para neutralizar una reacción contra el inminente ataque a Venezuela.
En la primera reacción a la masacre, anunció “la conformación de una oficina conjunta entre las autoridades nacionales y locales para enfrentar el crimen organizado”. En Río de Janeiro, sin embargo, los comandos narcos son sólo una parte de la organización del crimen organizado; la otra parte la constituyen las “milicias”, las organizaciones parapoliciales de corte bolsonarista; dominan un territorio equivalente al de los comandos narcos. Lula ha preferido ignorar el movimiento golpista que envuelve lo ocurrido, para repetir que "su administración no puede aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencias por las ciudades” (La Nación, 31.10). Lula, sin embargo, sabe mejor que nadie que la vida económica de Río está dominada por el lavado de dinero en la Bolsa y en los grandes emprendimientos inmobiliarios; sin el tráfico del CV, el Primer Comando de la Capital o el Comando puro, los grandes negocios de la “cidade maravilhosa” (y no sólo de ella) entrarían en quiebra. El acuerdo arancelario con Trump le ha nublado la vista a Lula y llevado a capitular ante los golpistas.
Es que la ultraderecha enfrenta una encrucijada en Brasil. El 8 de enero 2023 fracasó la tentativa golpista de Bolsonaro por la oposición de los altos mandos de las Fuerzas Armadas; luego fracasó el intento de decapitar al Tribunal Superior de Justicia, para impedir la condena a Bolsonaro y a los mandos militares bolsonaristas, en especial al general Augusto Heleno. Las movilizaciones fascistas de masas, en Brasil, no alcanzan para torcer este rumbo sin el acuerdo de los mandos militares. El “Consorcio por la Paz”, por un lado, y el terrorismo de estado contra el narcotráfico, buscan remediar esas limitaciones e insertar al golpismo en la política de Trump. El bombardeo norteamericano contra instalaciones militares de Venezuela va a estremecer toda la política latinoamericana. Trump viene de reunirse con Xi Jing pin, donde la cuestión de las intenciones contra Venezuela debe haber estado arriba de la mesa. La agresión contra Venezuela está descontada por las llamadas grandes potencias, que se limitarán a un reparto de los despojos. Javier Milei acaba de poner a Argentina, en la ONU, en el campo del bloqueo a Cuba, como no lo había logrado el año pasado. Para él y para Trump, Cuba es un “estado terrorista”; el Congreso de Argentina, encantado por el salvataje de Bessent, no se pronunciado contra este voto, ni lo hará mientras discuta con Caputo la autorización a que los gobernadores puedan financiarse en el exterior para emprender sus negociados de obras públicas.
La masacre en las favelas brasileñas es un poderoso llamado de atención. Es necesario una urgente discusión en los lugares de trabajo y estudio para convocar de inmediato a una acción de masas en Argentina contra las provocaciones y guerras del imperialismo norteamericana, con el propósito último de transformarlas en revolucionarias. Está fresco el bloqueo del peronismo y el kirchnerismo, de la CGT y la FUA y FUBA, a la movilización contra el genocidio en Gaza. En Brasil se habla de un genocidio en las favelas.
Fuera los masacradores y genocidas de América Latina y del mundo entero.
Jorge Altamira
31/10/2025
